accionescolectivasmx@gmail.com" /> Manifiesto TODOS SOMOS UNO, a favor de las Acciones Colectivas impulsadas por la sociedad civil ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES, DE DERECHOS HUMANOS, DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL SENADO DETENER INICIATIVA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CONTRA DERECHOS CIUDADANOS

 

El Consejo Coordinador Empresarial y otras cúpulas intentaron llevar adelante, a través de sus aliados en la anterior Cámara de Diputados, una iniciativa “fast-track” de reforma constitucional que atenta contra los Derechos Colectivos de millones de mexicanas y mexicanos.

 

Esta iniciativa excluyente y discriminatoria, fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados por votación unánime el 23 de abril pasado. Otorga el monopolio de las acciones colectivas a PROFECO, CONDUSEF y PROFEPA (desconociendo este derecho a los ciudadanos y a las organizaciones civiles), únicamente para los ámbitos del consumo, servicios financieros y medio ambiente. Los diputados de la pasada Legislatura también establecieron que las acciones colectivas son materia exclusivamente federal, impidiendo así que cualquier entidad federativa o el DF puedan legislar en la materia. El proyecto se ha turnado ahora a la Cámara Alta. No podemos permitir su aprobación, en sus actuales términos, por esta soberanía. 

Durante más de dos años se ha venido llevando a cabo un proceso de discusión abierto y plural con la participación de representantes de partidos políticos, expertos nacionales e internacionales, académicos, especialistas, asociaciones civiles, magistrados y empresas sobre la necesidad de establecer el derecho constitucional de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a las acciones colectivas. Asimismo, se ha contado con el apoyo de distinguidos miembros del Poder Judicial, en todos sus niveles.

 

El derecho a las acciones colectivas existe en la mayor parte de las naciones latinoamericanas. También en países como Canadá, Estados Unidos y Europa, se le reconoce como una instrumento fundamental para el acceso a la justicia, pues permite a los ciudadanos agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han ocasionado como usuarios de productos y/o servicios, o bien en la violación de sus derechos humanos; en la contaminación y/o destrucción del medio ambiente, así como en el respeto a su condición de personas con capacidades especiales, entre otras muchas afectaciones que un grupo de individuos puede sufrir por un tercero.

 

La posibilidad y el derecho a demandar en representación de un grupo determinado o de una colectividad indivisible, a efecto de impedir actos nocivos o engañosos, o para combatirlos, o para exigir la indemnización por daños y perjuicios  es una herramienta que permite (a quienes de manera individual no cuentan con los recursos para contratar un abogado e iniciar un proceso judicial), que uno sólo los represente en juicio sin  tener que recabar firmas, y que -en caso de resolverse- la sentencia pueda aplicarse a todos, presentes o ausentes en el juicio. Estos procedimientos garantizan que, de ganarse las demandas, el grupo sea compensado o restituido en sus derechos y las empresas queden disuadidas de seguir incurriendo en abusos futuros. Así es como se inducen cambios virtuosos de comportamiento empresarial y de gobierno, traduciendo los mismos en costos más bajos para el usuario, así como en incrementos sustanciales en la calidad general de los servicios ofrecidos, y en índices elevados de competencia interna y competitividad internacional.

 

A diferencia de la propuesta surgida de la Cámara de Diputados, nuestra iniciativa abreva de los mejores ejemplos de uso cotidiano en otros países, donde las demandas frívolas o temerarias se sancionan con todo el peso de la ley. De prosperar nuestro propio proyecto, México cumpliría cabalmente con diversos compromisos internacionales suscritos por nuestro país en la materia desde hace varios años, y que en la actualidad duermen el sueño de los justos.

 

Desde el inicio de este largo proceso, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como otras cúpulas socialmente irresponsables rechazan el derecho a los ciudadanos y las Asociaciones Civiles para promover este tipo de demandas colectivas. Lo han hecho, desnaturalizando el sentido y los alcances de nuestro proyecto original.

 

La iniciativa votada vía “fast-track” en la Cámara de Diputados, que no puede ser aprobada de igual manera en la de Senadores, es una afrenta a los intereses colectivos de los ciudadanos reconocidos desde hace décadas en otros países. El tránsito de esta contrarreforma incluso impidió se discutiera en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una versión local de la misma – previamente dictaminada en comisiones, y lista para su eventual aprobación, que estamos seguros retomará la V Legislatura en cuanto inicie trabajos el 17 de septiembre próximo- que sí reconoce a los ciudadanos y organismos de la sociedad civil en su búsqueda de derechos colectivos y de grupo en el Distrito Federal. Los diputados federales de la anterior Legislatura le apostaron a que ésta fracasara, y a que no surtieran los efectos positivos que todos esperamos cuando se vote y apruebe en la nueva Asamblea, en fecha próxima.

 

Si los partidos políticos y sus legisladores representan, defienden y promueven los intereses privados de algunas empresas sin escrúpulos (que tienen filiales en países donde sí se ejercen este tipo de acciones, sin que exista objeción alguna de su parte), los ciudadanos no podemos permitirlo. Exigimos que se ponga freno a la reforma constitucional al artículo 17 constitucional en el Senado, y apoyamos el proyecto por aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal porque esa propuesta sí promueve activamente el bien común y el interés público para millones de mexicanos.


SUSCRIBIMOS:

  • ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS
  • ALCONSUMIDOR AC
  • CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
  • EL PODER DEL CONSUMIDOR AC
  • CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ‘FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP’ AC
  • REDES POR LA DIVERSIDAD, EQUIDAD Y SUSTENTABILIDAD, AC
  • GREENPEACE MÉXICO AC
  • JUNTOS PASO A PASO AC
  • ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN AC
  • RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS "TODOS LOS                   DERECHOS -PARA TODAS Y TODOS"
  • AMARC MÉXICO
  • ALTERNATIVAS DE DESARROLLO CON EQUIDAD Y SUSTENTABILIDAD AC 
  • CENTRO DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO AC
  • COALICIÓN DE ORGANIZACIONES MEXICANAS POR EL DERECHO AL AGUA
  • INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO AC
  • CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL AC
  • GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES AC, DECA EQUIPO PUEBLO AC
  • UNIÓN DE GRUPOS AMBIENTALISTAS IAP, ESPACIO DESC
  • INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO AC
  • LETRA S, SIDA, CULTURA Y VIDA COTIDIANA AC
  • RED DE ABOGADAS FEMINISTAS
  • AGENCIA DE INFORMACIÓN NOTIESE, RED DE ACCION EN PLAGUICIDAS Y SUS     ALTERNATIVAS EN MÉXICO (RAPAM)/CAATA
  • ALARBO AC
  • GUERREROS VERDES AC
  • DEFENDERS OF WILDLIFE MÉXICO
  • TEYELIS AC, PROPUESTA CÍVICA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AC
  • ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS AC
  • MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE AC
  • MUJER Y MEDIO AMBIENTE AC
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  • SHOTTAMA AC
  • OTROS MUNDOS AC
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  • COLECTIVO SINERGIA
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  • COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
  • GLOBAL YOUTH COALITION ON HIV/AIDS (GYA)
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  • INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL AC (IDEA)
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  • CONSTITUYENTE FEMINISTA MÉXICO
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  • CONSTITUYENTE FEMINISTA LAGUNERA
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  • CENTRO DE LA DIVERSIDAD Y LOS DERECHOS SEXUALES AC
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  • AGENCIA ALTERNATIVA ‘DESDE ABAJO’ AC
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  • ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL ESTADO DE PUEBLA AC (AEMEP AC)  
  • BOSQUES ENERGÉTICOS
  • C3 CONSUMIDORES RESPONSABLES  CHANOLLILIZTLI AC
  • DESARROLLO Y APRENDIZAJE SOLIDARIO AC
  • FUNDACIÓN CUAUTLÁN
  • FUNDACIÓN DEJANDO HUELLA
  • FUNDACIÓN FRYDA AC
  • FUNDACIÓN RIGPA AC
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  • TIANGUIS ALTERNATIVO PUEBLA
  • ACME ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES MEXICANOS LL GB, A.C.
  • RED PUENTES MÉXICO
  • CENTRO COMUNITARIO NUTRICIONAL-UACJ
  • ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, AC
  • FISCALIZACIÓN GUAMÚCHIL
  • SOCIEDAD MEXICANA PRO DERECHOS DE LA MUJER, AC
  • MOVIMIENTO CIUDADANO 5 DE JUNIO – HERMOSILLO, SONORA
  • ASAMBLEA NACIONAL CIUDADANA
  • MOVIMIENTO AMBIENTALISTA CIUDADANO

- Sergio Aguayo
- Denise Dresser
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- Patricia Mercado
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ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES, DE DERECHOS HUMANOS, DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL SENADO DETENER INICIATIVA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CONTRA DERECHOS CIUDADANOS

 

El Consejo Coordinador Empresarial y otras cúpulas intentaron llevar adelante, a través de sus aliados en la anterior Cámara de Diputados, una iniciativa “fast-track” de reforma constitucional que atenta contra los Derechos Colectivos de millones de mexicanas y mexicanos.

 

Esta iniciativa excluyente y discriminatoria, fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados por votación unánime el 23 de abril pasado. Otorga el monopolio de las acciones colectivas a PROFECO, CONDUSEF y PROFEPA (desconociendo este derecho a los ciudadanos y a las organizaciones civiles), únicamente para los ámbitos del consumo, servicios financieros y medio ambiente. Los diputados de la pasada Legislatura también establecieron que las acciones colectivas son materia exclusivamente federal, impidiendo así que cualquier entidad federativa o el DF puedan legislar en la materia. El proyecto se ha turnado ahora a la Cámara Alta. No podemos permitir su aprobación, en sus actuales términos, por esta soberanía. 

Durante más de dos años se ha venido llevando a cabo un proceso de discusión abierto y plural con la participación de representantes de partidos políticos, expertos nacionales e internacionales, académicos, especialistas, asociaciones civiles, magistrados y empresas sobre la necesidad de establecer el derecho constitucional de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a las acciones colectivas. Asimismo, se ha contado con el apoyo de distinguidos miembros del Poder Judicial, en todos sus niveles.

 

El derecho a las acciones colectivas existe en la mayor parte de las naciones latinoamericanas. También en países como Canadá, Estados Unidos y Europa, se le reconoce como una instrumento fundamental para el acceso a la justicia, pues permite a los ciudadanos agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han ocasionado como usuarios de productos y/o servicios, o bien en la violación de sus derechos humanos; en la contaminación y/o destrucción del medio ambiente, así como en el respeto a su condición de personas con capacidades especiales, entre otras muchas afectaciones que un grupo de individuos puede sufrir por un tercero.

 

La posibilidad y el derecho a demandar en representación de un grupo determinado o de una colectividad indivisible, a efecto de impedir actos nocivos o engañosos, o para combatirlos, o para exigir la indemnización por daños y perjuicios  es una herramienta que permite (a quienes de manera individual no cuentan con los recursos para contratar un abogado e iniciar un proceso judicial), que uno sólo los represente en juicio sin  tener que recabar firmas, y que -en caso de resolverse- la sentencia pueda aplicarse a todos, presentes o ausentes en el juicio. Estos procedimientos garantizan que, de ganarse las demandas, el grupo sea compensado o restituido en sus derechos y las empresas queden disuadidas de seguir incurriendo en abusos futuros. Así es como se inducen cambios virtuosos de comportamiento empresarial y de gobierno, traduciendo los mismos en costos más bajos para el usuario, así como en incrementos sustanciales en la calidad general de los servicios ofrecidos, y en índices elevados de competencia interna y competitividad internacional.

 

A diferencia de la propuesta surgida de la Cámara de Diputados, nuestra iniciativa abreva de los mejores ejemplos de uso cotidiano en otros países, donde las demandas frívolas o temerarias se sancionan con todo el peso de la ley. De prosperar nuestro propio proyecto, México cumpliría cabalmente con diversos compromisos internacionales suscritos por nuestro país en la materia desde hace varios años, y que en la actualidad duermen el sueño de los justos.

 

Desde el inicio de este largo proceso, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como otras cúpulas socialmente irresponsables rechazan el derecho a los ciudadanos y las Asociaciones Civiles para promover este tipo de demandas colectivas. Lo han hecho, desnaturalizando el sentido y los alcances de nuestro proyecto original.

 

La iniciativa votada vía “fast-track” en la Cámara de Diputados, que no puede ser aprobada de igual manera en la de Senadores, es una afrenta a los intereses colectivos de los ciudadanos reconocidos desde hace décadas en otros países. El tránsito de esta contrarreforma incluso impidió se discutiera en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una versión local de la misma – previamente dictaminada en comisiones, y lista para su eventual aprobación, que estamos seguros retomará la V Legislatura en cuanto inicie trabajos el 17 de septiembre próximo- que sí reconoce a los ciudadanos y organismos de la sociedad civil en su búsqueda de derechos colectivos y de grupo en el Distrito Federal. Los diputados federales de la anterior Legislatura le apostaron a que ésta fracasara, y a que no surtieran los efectos positivos que todos esperamos cuando se vote y apruebe en la nueva Asamblea, en fecha próxima.

 

Si los partidos políticos y sus legisladores representan, defienden y promueven los intereses privados de algunas empresas sin escrúpulos (que tienen filiales en países donde sí se ejercen este tipo de acciones, sin que exista objeción alguna de su parte), los ciudadanos no podemos permitirlo. Exigimos que se ponga freno a la reforma constitucional al artículo 17 constitucional en el Senado, y apoyamos el proyecto por aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal porque esa propuesta sí promueve activamente el bien común y el interés público para millones de mexicanos.


SUSCRIBIMOS:

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  • ALCONSUMIDOR AC
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ME ESTAN COBRANDO X 2 CONTRATOS. YA VINIERON A VERIFICAR Y NO SE ARREGLA EL PROBLEMA ES
UN ERROR DE ELLOS,

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Buen dia, les escribo por que estas compañias simpre cobran lo que quieren y nunca les hacen nada. no hay un organizmo que este regulando los servicios que se otorgan. Ellos ponen servicios que nunca te indican a la hora de contratación. Y cuando quieres quitarlos el proceso es demasiado tardado. Mi plan es de 499 iva incluido, pero da la casualidad que siempre me cobran mas de 700 pesos quesque excedo el numero de mensajes enviados. La verdad pido un detalle de la linea y que creen? ese es un servicio que debes de activar por lo tanto te cobran. cuando es mi linea y se supone que debo de saber el detalle de la misma, pues resulta que para que suceda esto le debes de pagar a la empresa.

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Hola, gracias. La empresa telecable de zapopan ofrece 14 meses de servicio por pagar 12 meses a un sólo pago, así lo estibe haciendo por algunos años, tenía el servicio de TVE , telefonía e internet.,. El internet comenzó a fallar, ya que lo usamos para que mi hija se comuniqué a su empresa, no lo pudo hacer más a pesar de reclamos y orientaciones para componerlo. Bueno, al final contrate axtel con muy buena respuesta, cancelé telefonía e internet y cuando les pido que me reintegren lo pagado por ésos dos servicios y me dijeron que NO SE DEVUELVE DINERO, SE USARAN COMO PAGO PARA LOS SERVICIOS DE TV. ¿Se pueden quedar así o se podrían recuperar en efectivo? Gracias